A lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a “electores” reclutados indignamente entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta. “Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI” afirma el Fiscal General.

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país.

Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso.

En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático.

  1. OPERACIÓN “CASA BLANCA” DE BARRANQUILLA: SE TRATA DE UNA EMPRESA CRIMINAL

Hoy se presenta la segunda fase de la “Operación Casa Blanca” en la que se descubrió una red de compra de votos para favorecer  a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.

Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.

La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.

Casa Blanca en el 2018

Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.

La organización delictiva, organizada como “Personal de trabajo para el debate”, tenía roles diferenciados, así:

  • Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.
  • Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.
  • Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.
  • Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.
  • Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales

Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban  huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta.

Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.

Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.

La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así:

  • Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás
  • Dirigentes políticos regionales:
    • Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico
    • Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico
    • Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla
    • Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla
    • Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo
    • Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad
  • Líderes:

Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.

Financiación de la empresa criminal

La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.

En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”.

En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000).

Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación.

Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral).

Nuevos delitos

Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos (2) de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017:

  • Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (artículo 396 B del Código Penal)
  • Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal)

Imputados Fase I

Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos:

  • Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas.
  • Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.
  • Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.
  • María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.
  • Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.

Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante.

Imputados Fase II

  1.         Con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio – fecha asignada por el centro de servicios de Barranquilla – adicionalmente la Fiscalía imputará los siguientes delitos:
  • A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  • A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  • A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  • A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  1. Adicionalmente el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte (20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.
  2. En fecha que también será señalada por el centro de servicios de Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis (6) personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.
  3. Igualmente, el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural.

Compulsa de copias

El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás

Interrogatorio a financiadores

El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.

  1. COMPRA DE VOTOS AL SENADO EN CIÉNAGA, MAGDALENA

Durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora Ávila, quien portaba casi siete millones de pesos ($7´000.000) en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara. El laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes, como resultado del análisis del celular que portaba este capturado.

En el mismo se recuperaron conversaciones vía chat en las que mencionaba el nombre de varias personas, entre las que figuran varios dirigentes políticos y terceros, que  darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con el propósito de comprar votos.

El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz – conocido como “el Nene Pérez” – una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena. Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado: “Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una actividad política. Ahí no hay una situación irregular. ¿Hay posibilidad de no judicializarlo?”.

También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo, habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización.

En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte del día de elecciones, suscrito con el entonces candidato al senado Fabián Castillo, en el que se comprometía a prestar ese servicio en Magdalena. El fiscal de conocimiento concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto que aparecen placas de vehículos que no existen.

La información permitiría indicar la existencia de una organización dedicada a la compra de votos, que compromete a un mayor número de líderes y dirigentes locales.

Imputaciones

El fiscal de conocimiento radicó el día de ayer ante el centro de servicios de Santa Marta audiencia de imputación en contra de:

  1. Sergio Andrés Lora Ávila, por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.
  2. También se solicitará audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización.

Compulsa de copias

El Fiscal de conocimiento dispuso compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara y recién elegido Senador, para los efectos de ley.

  1. COMPRA DE VOTOS EN MEDELLÍN

Un Fiscal investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de ciento veinte mil pesos ($120.000), tabletas a treinta mil pesos ($30.000) y televisores de 49 pulgadas a trescientos cincuenta mil pesos ($350.000), siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes ciento treinta y seis millones de pesos ($136´000.000) en una cuenta particular. Asimismo la campaña les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista.

Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes al parecer habrían hecho la oferta a más de cuatrocientas (400) personas que asistían a reuniones de la entonces candidata. El Fiscal de conocimiento acopió elementos probatorios que indicarían que Alejandro Cuartas Rodas, además, habría comprado votos a ochenta mil pesos ($80.000) el día de las elecciones

A la fecha el fiscal de conocimiento ha podido establecer que cincuenta y cinco (55) sufragantes viajaron a San Andrés y tres (3) recibieron televisores. Varias de las personas que no recibieron lo prometido se acercaron a la Fiscalía a denunciar estos hechos como constitutivos de estafa.

Capturas e imputación

El día de ayer fueron capturados Alejandro Cuartas Rodas en Jericó (Antioquia) y Elizabeth Jaramillo Rico en Medellín. Estas personas serán imputadas por el delito de corrupción al sufragante en audiencia pública que se surtirá el día de hoy en la ciudad de Medellín.

Compulsa de copias

Con base en los elementos materiales probatorios de esta investigación, el fiscal de conocimiento compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la representante Margarita Restrepo.

  1. CORRUPCIÓN EN EL SENA DE CAUCASIA, ANTIOQUIA

El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín.

Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.

El fiscal de conocimiento estableció que, efectivamente, varias de las personas que asistieron a las reuniones, eran contratistas de la entidad, e incluso se denunciaron amenazas contra algunas de las que rindieron declaraciones en contra del funcionario.

Imputaciones

El señor Braulio Suárez fue capturado en las últimas horas en Caucasia (Antioquia) y será llevado ante el juez de control de garantías en la ciudad de Medellín para realizar las audiencias de legalización de captura, imputación por el delito de corrupción al sufragante y solicitud de medida de aseguramiento.

  1. CONSTREÑIMIENTO Y CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ

Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.

De hecho, para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos diez (10) familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte (20) personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy.

Uno de estos encuentros se presentó el pasado 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, cuando se habría citado con esa excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los “requisitos”, y se les habría entregado un sobre con doscientos mil pesos ($200.000) como reconocimiento por la “colaboración”.

Imputaciones

Por estos hechos, el próximo 3 de julio serán imputados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante Julián Gutiérrez (contratista) y Jhon Francisco Rodríguez (subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito).

  1. TARJETONES MARCADOS EN CAUCA

Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.

Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete (7) mesas de seis (6) corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de doscientos cincuenta (250) votos marcados en favor del entonces candidato.

La Fiscalía recuperó el material electoral y el perito documentólogo que lo analizó determinó que al comparar la forma como fueron marcados los tarjetones, la X tiene el mismo patrón grafológico, es decir, habrían sido marcados por la misma persona, a pesar de que las mesas no están cerca entre sí. Por el momento, el Fiscal del caso recuperó el resto de material electoral para determinar el autor de las marcas similares.

Decisiones de la Fiscalía

El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a seis (6) jurados de votación, diligencia que se realizará el próximo 22 de junio.

  1. HOMOGENEIDAD DE JURADOS EN SOLEDAD, ATLÁNTICO

En las pasadas elecciones de Congreso de la República se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad (Atlántico). Esta habría consistido en el registro irregular de candidatos a jurado en el sistema de la Registraduría.

Según estableció el fiscal de conocimiento, la Registraduría especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio. La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107.

En el desarrollo de la investigación, se confirmó que la señora Barrios no representaba a ningún partido político, razón por la cual no era la autorizada para hacer las postulaciones de candidatos a jurados de votación.

Imputaciones

El día de hoy, el fiscal de conocimiento radicó ante un juez de garantías la solicitud de imputación contra Marbe Luz Pizarro (Coordinadora de asuntos electorales de Soledad) y Édgar Lubo Pinedo (Registrador especial de Soledad) por el delito de prevaricato por omisión. Igualmente será imputada por el delito de falsedad en documento privado la señora Sheyla Ali Barrios.